El viudo de la maestra jardinera dice que el legislador Ricardo Lissalde se presentó ante un fiscal y pidió una copia de la causa. Luego le entregó las actuaciones a un empresario ruralista, que es el principal sospechoso del crimen.
Gastón Rodríguez
A Marisol Oyhanart la golpearon con saña y le apretaron el cuello hasta asfixiarla. Después descartaron el cuerpo en una zona de taperas. Tenía 38 años, un marido, tres hijos y el trabajo de maestra jardinera que también era su vocación. Ocurrió en Saladillo hace más de un año.
Lo que siguió no fue menos condenable: un imputado sin pruebas en su contra; una comisaría que no investigó y encubrió; fiscales que avalaron la impunidad.
Todavía hoy, la causa –el escándalo– sigue sumando irregularidades: los abogados del viudo Sergio Rachit denunciaron que un diputado provincial por el Frente Renovador le entregó copias del expediente al principal sospechoso del homicidio.
El último 7 de abril, los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini hicieron una presentación formal ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires denunciando al fiscal Marcelo Romero y al diputado Ricardo Lissalde por la entrega y obtención ilegal de las copias de los 12 cuerpos, y otros dos de anexos documentales, que terminaron en manos del empresario estanciero L. C. (se reserva su identidad para no entorpecer el curso de la investigación), quien habría tenido una relación de amantes con la víctima en el pasado.
Según el escrito, que también lleva la firma de Rachit, entre el 1 y 2 de octubre de 2014 el diputado massista se presentó en el despacho de Romero (otro ferviente militante a favor del Frente Renovador), en aquel tiempo a cargo de la instrucción por el homicidio, "invocando falsamente tener autorización de los hermanos de Marisol" para obtener copias del expediente.
El viernes 10 de octubre, los abogados del viudo descubrieron la maniobra y presentaron un escrito en la fiscalía manifestando su oposición. El martes 14 (el lunes había sido feriado) recusaron a Romero alegando "que puso en peligro cierto e inminente la investigación del homicidio".
Con un sentido de la conveniencia admirable, el mismo día L. C. se presentó de manera espontánea ante el juez de la causa Cesar Melazo para exigir, en su carácter de testigo, que "se nulificara todo lo actuado sobre su persona porque la policía le había sacado el celular y había entrado a un campo de su propiedad sin autorización". Melazo rechazó la presentación porque tanto sus declaraciones como las de los policías de Bolívar, incluidas en el expediente, afirmaban lo contrario (ver recuadro).
Recién el pasado 15 de abril, haciendo lugar a la insistencia de los abogados del viudo, los tres hermanos de Marisol declararon sobre la cuestión. Delmar, Soledad y Dabel Oyhanart juraron que nunca autorizaron al diputado Lissalde a pedir en fiscalía las copias del expediente y mucho menos la entrega a terceros.
El testimonio de Dabel evidenció además que la intromisión de la política era grosera. Contó que durante el mes de enero –en plena feria de verano– recibió un llamado del intendente de Saladillo, el radical Carlos Gorosito, y que enseguida le pasó el teléfono al ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. El funcionario le dijo que la familia debía recusar a la fiscal Ana Medina (al frente de la causa luego del alejamiento de Romero) porque "no era de su confianza", para que su lugar fuera ocupado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de UFI 11 de La Plata, porque "él iba a resolver el caso en un mes".
El interés del ministro Granados en apartar a la fiscal Medina tiene una posible explicación: fue la única que se atrevió a citar a declarar a los policías de Saladillo, a contramano de lo actuado por sus antecesores.
Bajo la tutela de Medina, siete efectivos bonaerenses fueron denunciados por su presunta responsabilidad en una serie de maniobras que tuvieron como objetivo encubrir al empresario sospechoso de matar a Marisol.
En este contexto de presión política, los abogados del viudo solicitaron al juez que ambos funcionarios públicos –Granados y Gorosito– sean citados a prestar declaración testimonial.
RELACIONES. Fuentes de la investigación confirmaron a Tiempo que la intromisión del diputado massista no es novedosa. En los días posteriores al hallazgo del cuerpo, Lissalde se reunió con su amiga y primera fiscal del caso, Patricia Hortel, para ofrecerle su apoyo (y sus contactos en la política) y al mismo tiempo enterarse de los avances en la causa. Así descubrió que la principal pista apuntaba contra Jonathan Bianchi, un joven con antecedentes de robo y violencia de género que algunos testigos dijeron haberlo visto en la zona donde desapareció Marisol. Uno de los más entusiasmados en cumplir la orden de arresto librada contra Bianchi fue el subcomisario Pablo Gallo, jefe de calle durante diez años y hombre de extrema confianza de Hortel. Gallo está sospechado de ser el ideólogo del encubrimiento que operó la comisaría de Saladillo a favor del empresario –previo cobro de una suma millonaria– y fue convenientemente removido (como toda la cúpula de la seccional) y trasladado a una dependencia de la zona sur del Conurbano.
En aquel momento, Lissalde llevó tranquilidad a su esposa, y a través de ella, a L.C. Sandra García de Lissalde es abogada y patrocinó a Guadalupe Rizzo, la madre de los dos hijos menores de L.C., en los trámites civiles por la tenencia, alimentos y régimen de visitas. La separación fue en buenos términos y por eso la mujer no dudó en ayudar al ex cuando los rumores sobre su participación en el homicidio de Marisol comenzaron a desperdigarse en el pueblo.
Por su parte, L.C. había contratado los servicios del abogado Daniel Morbiducci (según los testigos ya lo había asesorado en el tema de la sucesión de su padre y otros asuntos desde el año 2000), el mismo que desde agosto de 2014 hasta la actualidad representa a los hermanos de Marisol.
Se sabe que Morbiducci ocultó en la causa la existencia de la relación profesional que mantuvo con el empresario sospechado aunque se desconoce si lo informó en privado a sus clientes.
Lo que es de conocimiento público es su vínculo con el diputado Lissalde, al que conoció desde que era un simple escribano.
Ante este entramado de relaciones, a los abogados del viudo no les sorprendió que Morbiducci, en su carácter de apoderado de los hermanos de la víctima, no haya acompañado la recusación que presentaron contra el fiscal Romero.
"Los antecedentes del abogado Morbiducci y de L.C.–explica un allegado al viudo– nos permiten pensar que todavía existe entre ellos una relación, por tal motivo Sergio y sus hijos dejarán de participar de las marchas convocadas por la familia de Marisol y en su lugar organizará misas en cada nueva fecha. Nos cuesta aceptarlo, pero los hermanos de Marisol parecen estar ciegos."
Morbiducci nunca censuró la intromisión de la política en la investigación del crimen. Incluso, a la luz de los hechos, pareció sacarle provecho. En una declaración pública volvió a diferenciarse de los abogados del viudo al manifestar que no era necesario citar a declarar al ministro Granados y al intendente Gorosito.
El martes, un decreto firmado por el gobernador Daniel Scioli confirmó el nombramiento de Morbiducci como juez civil y comercial suplente para Tandil y Mar del Plata. «
El manejo de una investigación polémica
Desaparición: el lunes 14 de abril de 2014, entre las 15:15 y las 15:30, Marisol Oyhanart salió de su casa en Saladillo para cumplir con la rutina de caminar y realizar ejercicios. A las 17 no fue a buscar a sus hijos a la escuela. Una hora más tarde, Sergio Rachit denunció en la comisaría local la desaparición de su esposa.
El cuerpo: al día siguiente, a las 7:15, el cadáver de Marisol fue encontrado después de un rastrillaje policial en un descampado ubicado a unos 20 metros del camino que solía tomar. La autopsia concluyó que la causa de la muerte fue "asfixia por compresión cervical" y que el cuerpo presentaba fuertes golpes en el cráneo, la cara y otras partes, que pudieron haberle generado un estado de inconsciencia previo al ahorcamiento.
El perejil: el 21 de abril, a menos de una semana de la aparición del cadáver, la fiscal Patricia Hortel pidió la detención de Jonathan Bianchi en base a una serie de testimonios de personas que declararon haberlo visto merodeando por la zona donde Marisol había salido a caminar. La medida fue rechazada por el juez de garantías de La Plata, César Melazo, que consideró que no estaban "dados los elementos para acreditar el grado de sospecha necesario para detener a nadie".
El principal sospechoso: el 25 de noviembre se incluyó en la causa un dictamen del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Plata en el cual en forma expresa y clara, tras descartar las otras hipótesis que se habían trabajado en forma paralela, se le recomienda a la fiscal Ana Medina (a cargo de la causa luego de la recusación de Hortel y Romero) profundizar la línea de investigación contra el empresario L.C.
ADN: el 13 de abril, el cotejo de ADN de Bianchi y el semen encontrado en la bombacha de la víctima dio negativo.
Los llamados entre el empresario investigado y los policías
El cuerpo de Marisol Oyhanart fue encontrado pocos minutos después de las 7 de la mañana del martes 15 de abril de 2014 en una zona de taperas en Saladillo. Un rato antes, alrededor de las 6, efectivos de la comisaría de Bolívar ingresaron al campo que el empresario L. C. tiene en esa localidad en busca de pistas sobre el paradero de la mujer. Luego de revisar el lugar, los policías se llevaron al dueño de la estancia a la comisaría. L. C. declaró, y consta en los registros, que había sido amante de Marisol tiempo atrás aunque no sabía dónde podía estar. Sin embargo se mostró colaborador: además de permitir el ingreso a su propiedad, entregó voluntariamente su teléfono celular (después lo negaría en su presentación espontánea del 14 de octubre).
Antes, durante, y después de la declaración de L. C. en Bolívar, su celular registró un tráfico importante de llamados con el oficial Juan Carlos Ciardi, a la fecha de los hechos el segundo del jefe Gallo, y la oficial subinspector Flavia Gisela Salomón, ambos de servicio en la comisaría de Saladillo.
En sus declaraciones, los policías admitieron que conocían al empresario (Ciardi incluso contó que eran amigos desde la infancia y que ya grandes seguían compartiendo la afición por las carreras de autos) y que lo llamaron en reiteradas oportunidades durante la noche de la desaparición de Marisol (Salomón recordó que habló con él tres veces mientras que Ciardi "unas siete u ocho") para que se presente a declarar en Bolívar. Cuando se les preguntó qué los motivó a hacerlo, ambos coincidieron en que se limitaron a cumplir las órdenes dictadas por el jefe distrital, el comisario inspector Darío Almendros, el mismo que había dado la orden de interrumpir los rastrillajes en aquella madrugada del 15 de abril, y que recién se reanudaron 15 minutos antes de la aparición del cuerpo.
Fuente: Diario Tiempo Argentino
Fuente: Diario Tiempo Argentino
