Gisella Ferrero tiene 39 años, es mendocina y se quedó sin trabajo ni obra social en el peor momento de su vida: después de que le diagnosticaran un cáncer de mama y mientras enfrentaba un riguroso tratamiento que incluyó cirugías y quimioterapia. Según la presentación que hizo ante la Justicia, la echaron de su trabajo porque el tratamiento había hecho impacto en su aspecto físico: se había quedado pelada, no tenía cejas ni pestañas. Pero recientemente la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la mujer y obligó a la empresa en la que trabajaba a pagarle la prepaga mientras dure el juicio, ya que
la dejaron sin cobertura médica en pleno tratamiento.
Ferrero, que llevaba dos años y siete meses trabajando en la empresa - una fima que posee tres concesionarias de autos en Mendoza - se desempeñaba como analista de sistemas, era responsable del Call Center y del Departamento Comercial y tenia catorce empleados a su cargo cuando la echaron.
Según su abogada, Carolina Jacky, que basó su presentación en la ley de violencia de Género, el que sufrió Gisella fue un caso de discriminación.
“Cuando fue contratada Gisella tuvo una discriminación positiva. Una mujer linda suele tener más chances que una que no lo es. Pero después la echaron por fea. No es lo mismo un hombre calvo que una mujer pelada. La discriminaron por ser mujer y porque su imagen deterioraba el negocio”, dice Jacky. La propia Ferrero, en tanto, sostiene que “les molestaba que me vieran así los clientes”.
Gisella cuenta que fue despedida sin causa cuando enfrentaba el tratamiento por un cáncer de mama. Cobró la indemnización, pero perdió su prepaga.
Entonces presentó una demanda por daños y perjuicios en el fuero civil, pero la jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Mendoza se declaró incompetente. El expediente pasó entonces a la primera Cámara del Trabajo que hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que le paguen la prepaga mientras continúa el juicio.
Entre los elementos a los que la abogada recurrió para elaborar su presentación, se cuentan distintos tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y también la Ley 26485 de Protección contra la Violencia a las Mujeres, al sostener que la empresa cometió violencia laboral contra la mujer al discriminarla por su aspecto físico.
Gisella, en tanto, cuenta que está con tratamiento psiquiátrico y psicológico y destaca el shock que representó para ella quedarse sin trabajo en un momento en que acababa de atravesar una mastectomía y estaba haciendo quimioterapia.
Su interés, destaca, hubiera sido el de seguir trabajando, por eso trató siempre de seguir en actividad sin tomarse licencia mientras era sometida a quimioterapia.
Para la oncóloga platense Silvia Bonicatto, que es jefa del servicio de Oncología del Hospital de Gonnet, el caso ocurrido en Mendoza es “muy raro, ya que no es frecuente que una persona pierda su trabajo o su obra social cuando recibe un diagnóstico de cáncer. Por el contrario, lo más habitual es que en sus sitios de trabajo se les otorgue algún tipo de facilidad para enfrentar el tratamiento, como licencias o tareas pasivas”.
“Con todo, lo que suele suceder es que el paciente quiere seguir trabajando, ocupando su puesto mientras dure el tratamiento”, afirma la especialista.
En cuanto al impacto anímico que puede tener un conflicto como el que le tocó vivir a esta analista de sistemas mendocina, en el tratamiento y en la actitud del paciente ante la enfermedad, depende de la subjetividad de cada persona.
“El impacto de un conflicto así va a depender de cada paciente. A algunos, la lucha los puede motivar y a otros desmoralizarlos”, dice Bonicatto.
