Fernando “Pino” Solanas, senador nacional y presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta, convocó al “Primer Debate sobre Agroquímicos en el Senado Nacional”.
El encuentro se desarrolló en el Salón Arturo Illia donde primero expusieron Leandro Despouy, Auditor General de la Nación (AGN), Medardo Avila Vazquez, médico pediatra (Médicos de Pueblos Fumigados. Universidad Nacional de Córdoba), Dr. Damian Marino (Químico, Dr. en Ciencias Exactas (UNLP). Investigador Conicet),
Damián Verzeñassi, médico (Co-responsable de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas de la UNR) y Emanuel Garrido (ex coordinador de Medio Ambiente de la Municipalidad de Coronel Suarez, pcia de Bs As).
En un salón colmado de representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, Solanas abrió el encuentro agradeciendo a los presentes por participar “en este histórico primer debate en el Senado sobre un tema crucial como es el agronegocio y las consecuencias sobre la salud que tiene el modelo rural de explotación a gran escala con granos genéticamente modificados. Lo que menos se debate hoy en plena campaña electoral es el país que queremos … ”.
Por su parte, Despouy detalló su trabajo en el tema del Riachuelo, manifestó que “No sólo hicimos un estudio técnico sino también otro de impacto ambiental que relevó que es el río más contaminado del mundo. Auditamos todas las negociaciones de María Julia Alsogaray y vimos como vetó obras de afluentes cloacales. Convirtió al Riachuelo en una cloaca a cielo abierto”, puntualizó. Asimismo destacó que existen pruebas concluyentes de la intoxicación silenciosa, que no existe diagnostico a nivel país y que no se aplica el principio precautorio.
Medardo Ávila relató su experiencia en el pueblo cordobés de Monte Maíz donde acudió fue convocado por los propios vecinos que comenzaron a enfermarse gravemente. “Trabajamos 35 días sobre una población de 5.000 personas. Analizamos la salud del pueblo y relevamos distintos tipos de asma y enfermedades como hipotiroidismo y lupus, un 3% de los niños tenían malformaciones (el porcentaje normal es de 1.6%) y el 10% de las mujeres perdían sus embarazos (lo normal es de 3%). Nuestros estudios revelaron que la enfermedad más grave de Monte Maíz es el cáncer pero el gobierno de Córdoba oculta esta información. Es una de las zonas de mayor producción de soja, la hectárea vale U$S 8.000 y la gente se muere de cáncer”, denuncio Ávila.
El Dr. Damian Marino informó sobre distintos resultados de análisis realizados en productos de consumo que evidencian que “el 42% no es compatible con el consumo humano”, y destacó que el conocimiento nos permite tomar decisiones, pero sobre todo nos hace responsables. Describió disntntos tipos de contaminación del suelo, del aire y del agua y planteó la necesidad de monitoreos, de unificación de datos, y de planificación, así como consideró imprescindible el debate sobre el Código Alimentario Argentino.
A su turno Damián Verzeñassi inició su exposición diciendo que “no existe razón de estado ni de las corporaciones que justifique el silencio cuando la salud pública está en riesgo…” y luego desarrolló su experiencia en Rosario pasando por concepto médicos, sociológicos, destacando que es necesario privilegiar calidad a cantidad y recuperar la herencia cultural de los productores la que ha sido desplazada por la del empresario del agronegocio.
Integrantes de Ecos de Saladillo participaron del debate llevando documentada su postura, la que se entregó al presidente de la Comisión. Luego Carlos Borgognoni dió su testimonio como productor y describió los daños producidos por las fumigaciones a nivel local en Saladillo, mencionó las limitaciones institucionales para producir alimentos saludables, así como detalló las modificaciones perjudiciales en el ecosistema. Graciela Achabal expuso sobre los daños ambientales y en la salud de las personas refiriendo específicamente la intoxicación padecida por Borgnognoni y otros vecinos, la existencia de contaminación en animales y vegetales, los obstáculos institucionales a nivel administrativo y judicial así como la falta de protocolos para recibir diagnostico médico y tratamiento adecuado no solo desde la salud pública sino del sector privado, y las dificultades para radicar las denuncias correspondientes por delitos ambientales.
Para finalizar Solanas dijo que “Mas allá cualquier dogma, tenemos un compromiso de honor en la defensa de lo que es de todos. Los delitos ambientales dejan secuelas que perdurarán por décadas. Sin naturaleza, sin vida, sin agua, no hay futuro para las próximas generaciones”.
