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Esta estrategia busca reducir el robo de teléfonos en el país, que alcanza a aproximadamente 5.000 por día, y el uso de líneas a nombre de terceros para la realización de delitos, como los secuestros express o virtuales.
Desde mediados de año, funcionarios del gobierno nacional y empresas de móviles trabajan en un sistema que permita "nominatizar" los chips, es decir saber nombre y apellido de quien adquiere y usa la línea en cuestión.
En mayo, el Enacom adhirió a la campaña "nos importa" de la asociación de empresas de telefonía móvil de la región, GSMA, por la cual le piden a los clientes que tengan en cuenta el IMEI del teléfono que adquieren, de modo tal que en caso de robo, puedan dar este número que es el que identifica al equipo.
Así las operadoras pasan el número del equipo a una "lista negra", más conocida en el mercado como la "banda negativa" de modo que ninguna de ellas lo active como un nuevo usuario.
El ministerio de Comunicaciones y el de Seguridad, a través de la resolución conjunta 6-E/2016, publicada hoy en el Boletín Oficial, puso un plazo de 15 días para que el Enacom defina y difunda las características del nuevo registro de usuarios de comunicaciones móviles.
Los usuarios postpagos o con contrato ya figuran en la base de datos de cada operadora, mientras que -según fuentes del sector- entre los prepagos hay entre 2 y 3% que tienen una identidad al menos "sospechosa".
Esto se debe a que el chip prepago, por el estilo de comercialización implementado en la Argentina, puede adquirirse en los agentes oficiales, pero también en kioscos, y hasta en vendedores ambulantes.
Una vez que el Enacom defina la letra chica del procedimiento, las empresas consideran que necesitarán unos tres meses al menos para implementar la nueva herramienta de software.
Por lo que explicaron técnicos del sector, con el nuevo procedimiento quien compre un chip prepago sólo podrá hacer llamadas de emergencia, y recién tendrá activa la línea cuando haya validado su identidad a través de una serie de consultas tipo trivia como las que hoy utilizan los bancos y las empresas de comercio electrónico.
En este caso los datos que revele el usuario a través del sistema se contrastarán con los registros de personas y bases de datos que tiene el Estado, de modo tal que cuando se comprueben las coincidencias la operadora activa la línea e incluye al usuario como cliente.
Por fuera de las empresas que ya tienen bases de datos de sus clientes, la primera vez que se decidió implementar un registro de usuarios de telefonía móvil a nivel nacional fue con la llamada "Ley Bloomberg", pero nunca se avanzó en la reglamentación del registro, explicaron hoy fuentes oficiales.